Lu da una profunda bocanada a su cigarrillo mientras recuerda todo lo que ha vivido en el último año. Tras haber quedado desempleada el año pasado, la profesora de enseñanza básica finalmente vuelve a trabajar en un colegio luego de haber estado desempleada por un largo tiempo. A pesar de ello todavía no está tranquila, al estar haciendo un reemplazo, sus días en la institución no son seguros.

Lu es una mujer transgénero, comenzó su transición a inicios de la pandemia y la diferencia en el trato de terceros es algo que no ha podido ignorar, en especial en el mundo laboral. «Antes de mi tránsito podía encontrar pega a los pocos días de empezar a buscar, sin embargo ahora me costó un año encontrar algo seguro», declara.

El caso de Lu no es el único. En Chile, gran parte de la población LGBTQ+ es discriminada en el contexto laboral. Esto se da a pesar que el Estado tiene el deber de garantizar el derecho al trabajo y a la no discriminación en el acceso y ambiente laboral, de acuerdo al artículo 2 del Código del Trabajo y a la Ley Antidiscriminación 20.609,  popularmente conocida como Ley Zamudio. En consecuencia, la población LGBTQ+ en Chile ha sido víctima de constantes discriminaciones en este ámbito, lo que ha derivado en que, según un estudio de Organizando Trans Diversidades (OTD Chile), el 47,3% de esta población esté desempleada, mientras que otro estudio publicado por Fundación Iguales establece que quienes sí cuentan con trabajo, ocultan su identidad de género por miedo a perder su empleo.

Sin embargo, la gravedad de la situación es difícil de visualizar, esto porque el Estado carece de cifras propias para enfrentarse al problema. Las organizaciones sociales son la principal fuente de información de este diagnóstico, pues estas se han dedicado a investigar y apoyar a los afectados. Las mismas señalan que la población más vulnerada son las personas transgénero, que por años fueron marginalizadas al trabajo informal y al comercio sexual.

«El diagnóstico es bien claro y el Ejecutivo lo sabe», expresa Ignacia Oyarzun, coordinadora de la unidad de políticas públicas de OTD Chile. Desde la organización se pide el avance en proyectos de inclusión laboral y escolar, además del endurecimiento de penas por discriminación.

Daniela López Leiva, abogada y asesora de la Subsecretaría del Trabajo encargada de derechos fundamentales y transversalización de género, sostiene que las personas LGBTQ  viven con obstáculos para hacer uso de sus derechos de trabajo y reconoce la falta de un Estado activo. López asegura que los problemas tienen que ver con la falta de información y de datos de parte del Estado. «Hay que reconocer que no tenemos cifras oficiales o estatales en torno a la realidad de las personas LGTBQ, las que hay son esfuerzos de la propia comunidad», asegura la abogada. 

El XX Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género en Chile, realizado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), presenta la evolución de casos de discriminación por categoría y ahí se reporta que en 20 años se han registrado 6620 casos de discriminación de los cuales 406 corresponden a discriminación laboral, observando una disminución de casos totales entre el año 2020 y el año 2021. Sin embargo, el total de casos reportados entre el año 2020 y  2021 constituye más del 40% del total de casos por discriminación laboral.

De igual manera, la Fundación Iguales en su primera encuesta nacional sobre la diversidad sexual en el trabajo del año 2015, revela que 8 de cada 10 personas LGBTQ no visibiliza en su lugar de trabajo su orientación sexual o su identidad de género por temor a perder su empleo o por miedo a ser excluido de ascensos o aumentos de sueldos en sus empresas.

Un Estado ausente

Actualmente, en Chile no se sabe cuántas personas pertenecen a la población LGBTQ+. No existen datos oficiales con tales estadísticas, por lo que diversas organizaciones sociales han solicitado incorporar las preguntas pertinentes al censo. A nivel internacional a través del estudio LGBT+ Global Survey 2021 de Ipsos, se estima que el 4% de la Generación Z, el 2% de Millennials y el 1% de la Generación X se identifican como personas transgénero, mientras que un 11% se identifican como no heterosexuales.

La Décima Encuesta Nacional de la Juventud, administrada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), es el último sondeo en que el Estado da un estimado de la población LGBTQ+ en el país. La encuesta señala que un 12% de los jóvenes entre 15 y 29 años se identifican con una orientación sexual diferente a la heterosexual. Otro dato relevante que señala la encuesta, es que el 1,7% del grupo mencionado son personas transgénero. Sin embargo, a pesar de contar con la participación de personas mayores a dicho rango etario, el estudio no muestra resultados de estos puntos para una población de mayor edad.

Ignacio Becker, jefe del Departamento de Planeación y Estudios del INJUV, explica que si bien no pueden ver el total de la población en este estudio, al tener dicho rango etario se pudo describir al 22% de la población. Becker también insiste que su departamento opera con un presupuesto bastante reducido y por lo tanto necesitan de una colaboración intersectorial para generar iniciativas.

Ante esta escasez de cifras, las organizaciones sociales han logrado recabar mayor información del problema a través de estudios independientes. El estudio «Derecho a la vivienda y a un entorno adecuado para disidencias sexuales y de género» de OTD Chile 2021 señala, que un 47% de sus encuestados se encuentran cesantes.

El 19,9% ha sido discriminado/a en su trabajo por su orientación sexual o identidad de género, esto según el Estudio de la Situación Sociolaboral de la Población LGBTIQA en Chile 2020 elaborado por el Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS) que fue patrocinado por la Oficina para Cono Sur de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entre cigarrillos, Lu cuenta la peor experiencia que vivió buscando empleo. Tras dejar su puesto en un colegio religioso, por voluntad propia, pasó mucho tiempo buscando trabajo, si bien podía mantenerse a base de clases dar particulares, nada cambia la seguridad de trabajar en un colegio.

La profesora, después de meses buscando empleo, consiguió una entrevista en un colegio en la comuna de Las Condes cuyo nombre prefirió no mencionar. Luego de la primera entrevista de rutina, la institución le solicitó repetir la instancia, pero en esta ocasión con el director y otro miembro del personal administrativo. Sin pensarlo mucho accedió, pero ella no sabía que le esperaba una hora de tortura en la que solo se habló de su vida íntima.

A través de datos obtenidos vía Ley de Transparencia para este reportaje, desde 2019 hasta el 30 de abril de 2022 se registraron 71 denuncias y 66 fiscalizaciones por razones vinculadas a la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral. En cuanto a las denuncias, la mayoría fueron presentadas por los propios trabajadores con un total de 63, de las ocho faltantes, seis fueron presentadas por tribunales y dos por sindicatos.

En cuanto a la distribución de las fiscalizaciones a nivel nacional, la mayoría se concentran en la zona centro y norte, siendo las regiones de Valparaíso (14 denuncias y 15 fiscalizaciones) y Metropolitana (24 denuncias y 21 fiscalizaciones) las regiones que concentran la mayor cantidad de denuncias, seguidas en menor medida por Atacama (7 denuncias y 6 fiscalizaciones) y Antofagasta (7 denuncias y 7 fiscalizaciones). Las regiones faltantes tienen entre 0 y 3 denuncias y/o fiscalizaciones cada una.

Del total de las fiscalizaciones registradas, la Dirección del Trabajo constató 31 de las 66 que se realizaron. Sin embargo, solamente cuatro de ellas fueron interpuestas ante el organismo con una denuncia judicial.

A la luz de los datos que manejan las organizaciones sociales, estas cifras son bajas. Néstor Urrutia, coordinador de derechos humanos del MUMS, al ser consultado, señala que estas cifras se explican por la poca motivación en denunciar que tienen las personas que han sufrido discriminación. Los motivos son varios, «el principal tiene que ver con una cuestión de supervivencia, una persona que es despedida de su trabajo es desvinculada. Eso queda en su hoja de vida y sabemos que el universo laboral y sobre todo dentro de un mismo grupo, que puede ser un mundo pequeño, entonces las personas realmente no se atreven a denunciar por el costo asociado, básicamente frente a otras personas del mismo rubro”, señala.

Urrutia considera que otro motivo «muy potente», para no denunciar, es el desconocimiento de la ley, medidas propias de departamentos laborales. «Lo más triste, lo más duro, es que hay muchas personas que no tienen recursos de ninguna naturaleza para poder comenzar una denuncia de este tipo», asegura. Luego explica que la Ley Antidiscriminación no considera medidas reparatorias de ningún tipo, por lo tanto al analizar todos los factores se puede explicar la baja cantidad de denuncias.

En lo personal, Lu afirma que nunca consideró hacer una denuncia por este tipo de situaciones en el ambiente laboral y dice que siempre prefirió irse. En temas de salud sí lo ha considerado, pero nunca progresó. La profesora admite que estuvo mal no haber denunciado, pero por el miedo y la posición en la que esto la dejaría prefirió no hacerlo.

El estudio de la Situación Sociolaboral de la Población LGBTIQA en Chile 2020, señala que solo el 26.7% de las personas que sufren de discriminación laboral presentan una denuncia de algún tipo. El estado de las mismas se ve reflejado en el siguiente gráfico.

A través del mismo estudio, se revela que también existe una falta de educación cívica en relación al tema, porque solo el 36% de los encuestados afirma tener conocimiento de las normas a las que puede apelar en caso de verse vulnerados en sus derechos laborales. 

El Sindicato Amanda Jofré es una organización chilena encargada de defender los derechos de las personas transgénero, su presidenta Alejandra Soto, afirma que ninguno de los gobiernos que ha tenido el país a logrado proteger y cumplir con las necesidades de las personas trans.

El diagnóstico de hoy

Iviana Castro es una joven trans, actualmente cursa el tercer año de enfermería y comenta que empezó su tránsito relativamente temprano. Castro reconoce como esto ha influido en su vida y de que forma se diferencia de otras personas trans, pues quienes inician su tránsito más tarde en la vida o quienes no tienen recursos para hacerlo sufren mayor discriminación por su aspecto.

Popularmente a este fenómeno se le conoce como el cispassing, Rodrigo Gonzales en un estudio de la Universidad de Salamanca lo define como el efecto social de pensar que una persona trans es cisgénero por su apariencia física o manierismos. De esta forma se crea una diferenciación entre las personas trans que pueden pasar desapercibidas y las que no.

En ese contexto, Iviana fue a la marcha del 19 de noviembre organizada por el Movilh. Este fue un día caluroso, junto con sus acompañantes se reunieron en metro Universidad Católica para luego caminar hasta Baquedano el punto de encuentro de la convocatoria.

Tras haber sido anunciada en octubre, el evento fue acumulando demandas y razones para protestar, desde la exigencia de una institucionalidad antidiscriminatoria hasta la exigencia de justicia por el asesinato de una mujer trans en días previos al evento.

Fotos de elaboración propia. Santiago Parade 19/11/2022.

Sin embargo, ese fin de semana no fue solo de marchas, música y fiesta, a la mañana siguiente, 20 de noviembre, se conmemoró a nivel internacional el «día de la memoria trans». Para conmemorarlo se realizó una convocatoria en el Museo de la Memoria en la que diversas organizaciones y activistas participaron. Entre las actividades se encontraban visitas guiadas por el museo, conversatorios y una presentación de ballroom.

Fotos de elaboración propia. Museo de la Memoria/Día de la memoria trans 20/11/2022.

En uno de estos conversatorios se reunieron con el fin de compartir sus experiencias en torno al activismo y sus luchas, de la misma manera también se hizo énfasis en quienes ya no están. Así fue como la activista Claudia Rodríguez inició su discurso, hablando desde lo que ella considera un privilegio, el no estar en las calles.

Tal como describe Rodríguez, la discriminación que sufren las personas trans se diferencia de sus pares en la población LGBTQ+ que en el peor caso pueden pasar desapercibidos. Al describirse como privilegiada, la activista hace referencia a que una parte importante de la población trans no cuenta con el mismo nivel de estudios que el resto de la población, así lo indica el estudio del MUMS. Como consecuencia, gran parte de esta población se dedica al trabajo informal para subsistir, lo que genera un impacto en diferentes ámbitos de sus vidas. En los siguientes gráficos se puede visualizar como la falta de un empleo formal influye en la previsión social de este grupo.

Incluso cuando los individuos intentan acceder al empleo formal se encuentran con trabas en el sistema. «Todas las estadísticas que se han logrado levantar por parte de organizaciones, demuestran concretamente que las personas trans que consiguen llegar a un empleo formal son excluidas, son despedidas sin justificación y muchas veces ni siquiera pasan los primeros procesos de selección en entrevistas», manifiesta Ignacia Oyarzun de OTD.

Desde iniciativas particulares se ha llegado a soluciones parciales al problema. La encargada de la secretaría de la diversidad sexual de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Marcia Maldonado, explica que la capacitación a sindicatos empezó recién en el mes de junio de este año y afirma que ha sido muy bien recibida por los trabajadores.

«Nosotros hacemos charlas a sindicatos, partimos explicando conceptos, que significa LGBTQ+, primeramente para desmitificar algunas cosas. Se les explica que es una lesbiana, un gay, una persona trans, una persona bisexual y después, en la segunda parte de la misma capacitación, hablamos sobre los problemas laborales que presentan las personas LGBTQ+», asegura Maldonado.

De igual manera en el año 2015 se comenzó a gestar Pride Connection Chile, que junto a la Fundación Iguales formaron una red que busca promover espacios de trabajo inclusivos para la diversidad sexual tratando de apoyar talentos LGBTQ y a diferentes empresas que hacen parte de Pride Connection.

Desde la organización, se elaboran una serie de estudios. Uno de ellos es Radiografía Pride Connection 2022, que constituye una herramienta que permite visualizar y medir los avances de estas empresas en la gestión de la diversidad e inclusión, tratando de difundir su lema: «El éxito está en la diversidad».

Sin embargo, la población trans se mantiene marginada. El estudio, revela que solo un 37% de sus empresas asociadas cuentan con protocolos para personas trans, mientras que el resto no tiene (44%) o están trabajando en hacerlo (19%).

Desde el mundo municipal existen iniciativas para suplir dichas necesidades. Franco Fuica, encargado de vinculación LGBTI de la Municipalidad de Santiago, comenta que si bien no cuentan con programas de empleo por los recursos limitados del organismo, pero si cuentan con apoyo jurídico y psicológico para las diversidades sexo genéricas.

«Entiendo que hay 345 municipalidades en Chile de las cuales hasta el momento aproximadamente solo 60 de ellas tiene una oficina, un programa o departamento para la población LGBTQ+», comenta Fuica. Actualmente existe un proyecto de ley que de ser aprobado expandiría las responsabilidades de las municipalidades e incorporaría el desarrollo de planes y programas en materia de inclusión y diversidad sexual.